Con el objetivo de fomentar la equidad en el proceso de selección judicial, la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que organiza esta elección determinó que los candidatos no podrán contratar encuestas o sondeos. En caso contrario, se les aplicarán sanciones derivadas de la fiscalización de ingresos y egresos.
El presidente de dicha comisión, Jorge Montaño, aclaró que la investigación sobre los supuestos actos anticipados de campaña de los aspirantes a la judicatura aún no compete al INE, sino que permanece bajo la evaluación de los comités conformados por los tres Poderes de la Unión.
